Foto de: Gobierno de México
El Gobierno de México manifestó oficialmente su rechazo a la decisión emitida por la Suprema Corte de Estados Unidos. Esta desestimó la demanda presentada contra fabricantes de armas por su presunta responsabilidad en el tráfico ilícito hacia territorio nacional. A través de un comunicado difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, se calificó la resolución como un obstáculo para combatir la violencia armada transfronteriza. La dependencia indicó que esta decisión limita las herramientas legales para frenar el flujo de armamento hacia organizaciones delictivas en México.
Bajo ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema durante la conferencia matutina del 6 de junio de 2025 y reiteró su posición frente al fallo judicial. “La Corte dice que no hay relación entre quien fabrica y las armas que pasan a México. Nosotros estamos en desacuerdo”, declaró, subrayando la postura del Ejecutivo mexicano ante un problema vinculado a la seguridad pública del país.
Por otra parte, la mandataria confirmó que sigue en curso un segundo procedimiento legal, centrado en la responsabilidad de distribuidores y vendedores de armas en Estados Unidos. Según expuso, el cuerpo jurídico que representa a México continuará con el litigio utilizando como sustento los registros proporcionados por la Fiscalía General de la República, los cuales contienen datos técnicos sobre las armas incautadas, como números de serie y su relación con hechos delictivos documentados.
Además, Sheinbaum hizo alusión a una declaración reciente del embajador de ese país en México, en la cual se reconoce por primera vez la relevancia de que ese país asuma un papel activo en la reducción del tráfico ilegal de armas. “Vamos a seguir insistiendo”, afirmó la presidenta, al referirse a la continuidad de los esfuerzos diplomáticos con Washington para abordar el fenómeno de manera conjunta.
También, aclaró que no se trata únicamente de emprender acciones legales, sino también de fortalecer canales de cooperación binacional con el propósito de establecer controles eficaces frente a los riesgos transfronterizos asociados al flujo de armamento. “Hay receptividad” por parte de las autoridades estadounidenses, comentó, aunque no precisó plazos ni nuevas acciones específicas derivadas de ese diálogo.
La posición del Ejecutivo subraya la necesidad de una corresponsabilidad clara entre todas las partes involucradas en la producción, distribución y comercialización de armas. Pese a la negativa del tribunal estadounidense de vincular directamente a los fabricantes con los efectos del armamento ilegal en México, el gobierno federal reafirma su compromiso con una política exterior centrada en la seguridad, sustentada en datos oficiales y canales institucionales.
Finalmente, el caso sigue abierto en lo relativo a los intermediarios comerciales, y las autoridades mexicanas reiteran su intención de agotar todas las vías jurídicas y diplomáticas disponibles. La documentación acumulada por las dependencias nacionales continúa siendo un elemento clave en los argumentos legales del país ante tribunales estadounidenses.
Con información de NotiPress
Por: Staff Eduardo News